- Solicitaron “solamente 17 millones” para terminar el año
Gobernantes | Xalapa, Ver.— Aunque en opinión de académicos y juristas, debido a los cuestionamientos que existen en torno al Sistema Estatal Anticorrupción es tarea del Comité de Participación Ciudadana vigilar el proceder de las instancias de toma de decisiones y acceder a la justicia de los tribunales para impugnar a su juicio los nombramientos que no den certeza de legalidad a la sociedad, en lugar de preocuparse por estos temas relacionados con los nombramientos del Sistema Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana anda más interesado en el presupuesto público con el que va a funcionar.
De entrada, el presidente del Comité Coordinador del SEA, Sergio Vázquez Jiménez, informó que requieren de la suma de 100 millones de pesos como presupuesto anual para operar correctamente, mientras que para los últimos 5 meses del año solicitarán un presupuesto de 17 millones de pesos, tan solo “para empezar a operar de una manera muy limitada, con la estructura básica de la Secretaría». Casi una pizcacha, parece sugerir. Y es que, a decir de Vázquez Jiménez, la cifra se debe a que el sistema requiere no solo de la contratación de 50 empleados, sino también de equipo de cómputo, tecnología y demás para poder funcionar.
«Hay que comprar equipamiento, renta de oficinas y además incluye el pago de honorarios». Y ya entrados en cosas de transparencia, el presidente del Comité de Participación Ciudadana dijo que percibirá un suelo de 70 mil pesos mensuales, es decir, más de lo que cobrará el gobernador electo, Cuitláhuac García.
También señaló que actualmente trabajan en la conformación del estatuto orgánico; es decir, el organigrama de quienes van a conformar la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, hay que insistir que entre juristas y aspirantes al cargo de Fiscal Anticorrupción, algunos de los cuales ya presentaron amparos para echar abajo la designación de Marcos Even Torres Zamudio, hay un consenso en el sentido de que hubo una transgresión a la literalidad del artículo 67 de la Constitución Política local, pero sobre todo, como lo afirmó recientemente el ex director de la Facultad de Derecho de la UV, Manlio Fabio Casarín, hubo una transgresión a los principios constitucionales y democráticos, por no respetar el espíritu de la Constitución federal y local del Sistema Anticorrupción.
En el mismo sentido se pronunció hace unos días el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, IVAI, para no ignorar las inconformidades por las designaciones de Torres Zamudio y del propio Comité de Participación Ciudadana, e incluso aclaró que no validó ni consiente “el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realizado por el Congreso del Estado el pasado 24 de julio y que ha sido severamente cuestionado”.
Para el IVAI, “en absoluto debe soslayarse el malestar social que ha generado el nombramiento efectuado”, sobre todo porque considera que en la integración del Sistema Estatal Anticorrupción no debe darse cabida a la duda y a la incertidumbre, puesto que los procedimientos deben ser abiertos y transparentes.
“Esta garantía –explica- ha sido mermada dado el enrarecido contexto formado alrededor, no sólo por el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, sino del propio Comité de Participación Ciudadana”, y agrega que esto “demerita” la confianza en el SEA, razón por la cual no deben ignorarse las voces que se alzaron en contra, ni la posibilidad de que se inicien procesos de impugnación.
“Si no se atienden las inconformidades expresadas desde el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, los trabajos que lleve a cabo se verán obstruidos y los avances pueden desconocerse ante los cuestionamientos y el ambiente sumamente polarizado que se ha generado”, concluye. Sin embargo, en estos temas el presidente del Comité de Participación Ciudadana no se da por aludido y en su lugar, ya anda en lo suyo, es decir, tras la lana y el presupuesto público. Vaya historia.