Luis Manuel Toto Pólito/San Andrés Tuxtla, Ver.— La regidora María Inés Zarza Carrizosa confirmó que este municipio, también se quedará sin una de las ambulancias que envió el anterior de gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares. Sin ninguna notificación al ayuntamiento ni oficio que indique el porqué de esta decisión, sabe que los elementos de protección civil se quedarán sin este equipo vital para la atención ciudadana.
Apenas este lunes confirmó lo que se había dicho desde la semana en medios estatales, y que llegó a afectar a otros 67 municipios de Veracruz.
De acuerdo a Zarza Carrizosa, el municipio de San Andrés Tuxtla se queda sin un vehículo que ayudó en muchas ocasiones al traslado de personas hospitalizadas, o que inmediatamente necesitaron alguna atención de primeros auxilios.
“Es una pena que nos quiten un equipo tan valioso como esta ambulancia, ya que no estorba en el quehacer diario de las autoridades de auxilio, al contrario, beneficia mucho”.
La edil reafirmó que no se tiene documento oficial que solicite dicha entrega, y tampoco se sabe que destino final tendrá e incluso si será regresada a municipios como este.
Apenas el viernes de la semana pasada, la Secretaría de Salud (SS) informó que la solicitud dirigida a los ayuntamientos para la devolución de 68 ambulancias obedece a observaciones de los Entes Fiscalizadores Federales, posterior a una entrega indebida de éstas por la pasada administración.
Cabe mencionar que el 25 de abril de 2018 el Seguro Popular adjudicó a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) recursos provenientes de 2017 para la compra de 88 ambulancias; estipulando que las unidades solo tenían que darse a hospitales y centros de salud de SESVER debidamente acreditados e incorporados como prestadores del Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad.
Sin embargo, el gobierno anterior omitió dicha legalidad y autorizó el comodato de 68 ambulancias para ayuntamientos; tal acción recae en una transgresión a las disposiciones legales que impiden el uso para fines ajenos a los señalados por el Seguro Popular.