La reforma reconoce a la GN como fuerza de seguridad permanente de carácter militar; la oposición advierte riesgos de “militarización de la política” al permitir que sus miembros puedan competir en elecciones.
Ciudad de México.– En el marco del sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN), el Senado de la República aprobó este 1 de julio la nueva Ley de la Guardia Nacional, que formaliza su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y define su carácter como fuerza de seguridad pública permanente y profesional.
La reforma fue avalada en lo general con 75 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 75 votos frente a 32 en rechazo, con el respaldo de Morena y sus aliados y la oposición votando en bloque en contra.
La nueva legislación armoniza el marco jurídico secundario para la GN, establece su dependencia operativa y administrativa de la Sedena y detalla sus atribuciones en labores de seguridad, investigación e inteligencia, en coordinación con fiscalías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, el texto legal reconoce la participación de personal civil para fortalecer tareas técnicas dentro del cuerpo de seguridad. No obstante, uno de los puntos más controvertidos es que permitirá a elementos de la Guardia Nacional contender por cargos públicos, aspecto que generó fuertes críticas de parte de la oposición y especialistas.
Josué Jijón, consultor de Integralia, señaló en entrevista para el programa Periodismo de Análisis que la Guardia Nacional ha estado desde su origen en el centro del debate público, y advirtió que esta reforma podría implicar más riesgos que beneficios. “Hay muchos más contras que pros, uno de ellos es que militaricen la política y eso está ahí muy latente”, opinó.
En la misma línea, el analista Aurelio Collado sostuvo que la participación de militares en la vida política del país es “una pésima idea” que ya ha demostrado consecuencias negativas en la historia de México.
Por su parte, el periodista Gustavo Rentería consideró que si bien la ley representa un avance democrático en materia de regulación, se requiere cautela para evitar que la infraestructura y el poder de las Fuerzas Armadas sean utilizados con fines electorales en beneficio de quienes se postulen.
La reforma a la Ley de la Guardia Nacional se enmarca en la política del gobierno federal de mantener bajo control militar las tareas de seguridad pública, pese a las críticas de organismos nacionales e internacionales que han advertido sobre la creciente militarización del país.