Alfonso Rodríguez Santos / San Andrés Tuxtla, Ver.—La licenciada Alejandra Reyes Medina, representante legal del nuevo centro de población Enrique López Huitron, compareció este martes 24 de septiembre del año en curso, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, por un supuesto despojo y daños en agravio de Gamaliel Cruz Soriano.
Cabe señalar que a la representante legal, antes de comparecer ante el Juzgado, más de 40 campesinos la resguardaban porque -según Alejandra Reyes- las autoridades judiciales en algunas ocasiones se pasan y no respetan los documentos expedidos por un Juez Federal “y nos meten presos sin tener delitos en contra de los que aparentemente nos demandan por supuestos daños y despojo en agravio de Gamaliel Cruz Soriano.”
Resulta que ellos están despojando al grupo de Campesinos de una superficie ejidal que legalmente les corresponde por resolución presidencial, que son 140 beneficiados en la resolución presidencial y de hecho, el señor Gamaliel Cruz presenta escrituras posteriores a la publicación de la solicitud, en donde dice que es vacancia del ejido La Victoria, cuando el ejido La Victoria, cuenta con la resolución presidencial en donde niega la dotación de tierras al poblado La Victoria, en la fecha 29 de Noviembre de 1950, lo que en tiempo y forma la aportamos en la Causa Penal 180/013, dijo la licenciada Reyes Medina.
Agregó; “Lo que si no existe el poblado La Victoria, lógicamente no existe el delito.”
También manifestó la entrevistada que los títulos de los agraviados son nulos de pleno derecho de acuerdo a los Artículos 51, 52, 53, 210, 219 y 252 de la Ley Federal de la Reforma Agraria.
“Hay un juicio de amparo a favor con resolución, con ejecutoria, con orden de cumplimiento, con orden de ejecución de la resolución presidencial, con acta de posesión y deslinde con plano definitivo con Diario Oficial Federal y con todos los argumentos de ley para el gobierno, entreguen esas tierras pero, como no hay respuesta del gobierno, el grupo, el cual represento, ha tomado la decisión de tomar sus tierras…
“Si el gobierno no actúa, pues que nos reclame las tierras y nosotros comprobamos con documentos que los que están mal son ellos, porque el Delegado Agrario del Estado, cuando llevó a cabo la ejecución un 11 y 13 de Diciembre de 1990, ya había sido dado de baja por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de noviembre de 1990 y el delegado ejecuta 15 días posteriores a la orden y resolución de la Suprema Corte de Justicia, lo que esa ejecución para nosotros, es válida; lo que los campesinos a los que represento, tomo posesión por negligencia de las autoridades.” Concluyó.