Veracruz no está entre las entidades con mayor corrupción

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Comparece el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso local, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno

XALAPA, VER.

Los procesos abiertos y sanciones a funcionarios y exfuncionarios públicos de Veracruz, la situación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el caso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, las bodegas en Acayucan con medicinas que se dejaron caducar y el destino de las aportaciones a la Universidad Veracruzana (UV), fueron algunos de los temas abordados por el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, en la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Al comparecer en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, ante los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Mariela Tovar Lorenzo, presidenta; Julen Rementería del Puerto, secretario, y Adolfo Jesús Ramírez Arana, vocal, el funcionario dio respuesta a 18 turnos de preguntas, en tres rondas, con la participación de diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marcela Aguilera Landeta preguntó por las 14 denuncias que inició la Procuraduría General de la República (PGR), con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que están en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), y sobre la responsabilidad y sanciones administrativas en contra de servidores o exservidores públicos.

El titular de la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó que hubo denuncias, derivadas de la minuta del 27 de febrero de 2014, en la que se imputaba incumplimiento a Veracruz. El documento estipuló la conclusión del análisis y que la institución a su cargo determinaría las sanciones. Por ello estaba el registro del gasto ejercido, pero nadie lo presentó a la ASF, y se dijo mediáticamente que “algunos servidores públicos le fallaron a Veracruz”, porque no cumplieron los procesos administrativos.

A quienes omitieron información a la ASF se les inició un procedimiento administrativo y se les inhabilitó para ejercer el servicio público, además de sanciones económicas. Aún existen 65 procesos abiertos en contra de servidores o exservidores públicos.