Vinculan a proceso a Arturo Bermúdez y coacusados

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El ex Secretario de Seguridad Pública tendrá que responder por el delito de abuso de autoridad

 

AGENCIAS

XALAPA, VER.

 

La juez de control Estrella Iglesias Gutiérrez dictó los autos de vinculación a proceso a Bermúdez Zurita y a Alejandro Contreras Uscanga por los delitos ya mencionados.

Al encontrar elementos suficientes en su contra, Arturo Bermúdez Zurita fue vinculado a proceso por los delitos de tráfico de influencias en agravio del servicio público y abuso de autoridad.

Al reanudar la audiencia de pruebas en la sala 2 de los juicios orales, en Pacho Viejo y tras el vencimiento del término constitucional de 144 horas, la juez de control Estrella Iglesias Gutiérrez dictó los autos de vinculación a proceso a Bermúdez Zurita y a Alejandro Contreras Uscanga, ex secretario de Seguridad Pública y Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, respectivamente, por los delitos ya mencionados.

Al primero, en su calidad de autor intelectual y al segundo en su carácter de autor material, por el delito de abuso de autoridad al autorizar ambos el otorgamiento del contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo de Bermúdez Zurita.

En tanto que por tráfico de influencias, a ambos se les considera autores materiales mientras que a Esquivel Hernández, al no ser servidor público, la juez le varió la calidad de partícipe.

En ese caso, quedo evidenciada la mala integración de la carpeta de investigación de parte de la Fiscalía, que pedía también la imputación del delito como autor material, quedando finalmente la de partícipe, “pues ayudó en la realización del hecho”.

Los imputados tienen tres días a partir de este momento, para impugnar la resolución de la juez de control, aunque todos se dieron por notificados en la audiencia y se negaron al debate tras dictar los autos.

Una vez realizado esto, la Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso, que fue concedido por la autoridad judicial.

En ese tiempo, explicó el fiscal que lleva el asunto, Fernando Pensado, que el Ministerio Público solicitará entre otras cosas, informes a la Comisión Nacional Bancaria acerca del manejo que Esquivel Hernández ha dado a los recursos devengados con motivo de dicho contrato.

También entrevistará a todos los integrantes del subcomité de adquisiciones, para conocer las condiciones en las que cada uno aprobó la asignación del contrato a favor de Esquivel Hernández.

Además, investigará todos los contratos anteriores de la Secretaría de Seguridad Pública, para conocer si hubo más casos en los que se vieron beneficiados los familiares y socios de Arturo Bermúdez Zurita.

 

Audiencia

 

Una hora después de haberse vencido el término constitucional de las 144 horas solicitada por las defensas de los tres imputados, la juez consideró que estaba plenamente justificada la calidad de servidores públicos de Bermúdez Zurita y Contreras Uscanga en el delito de abuso de autoridad.

La juez explicó a los acusados que si bien fue el subcomité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública la que autorizó el otorgamiento del contrato a la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, el ex titular sabía que estaba incumpliendo la ley.

Además, advirtió que según consta en el Registro Público de la Propiedad, Bermúdez, sus familiares y Esquivel Hernández son socios en diversas empresas desde el 2011.

“Queda de manifiesto que se incumplieron los lineamientos legales para no dar contratos a allegados”, destacó Iglesias Gutiérrez.

Señaló que si bien Bermúdez Zurita no firmó dicho contrato entre la SSP y su socio, se considera que está justificada la acusación de abuso de autoridad, pues de manera indebida autorizó el contrato celebrado el 29 de febrero de 2016.

Por cuanto hace al delito de tráfico de influencias, la juez consideró que está debidamente justificada la condición de servidores públicos del ex titular de la SSP y el jefe de la Unidad Administrativa.

Sostuvo que tanto Bermúdez como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al subcomité de adquisiciones que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba por lo que “se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato”.

Con ello, dijo, queda justificado el beneficio a terceros, en este caso, Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo del ex servidor público, que si bien no ha cobrado la totalidad del monto por el que se erigió el contrato -91 millones de pesos-, este fue celebrado de manera onerosa y ya hay denuncias contra el gobierno estatal para que las mil 988 facturas que reclama, sean pagadas.

Es decir, aunque se le deben alrededor de 15 millones de pesos, tiene garantizado el pago del total, lo que es un agravio a la hacienda estatal.

La juez consideró que ambos delitos están justificados de manera idónea, pertinente y suficiente por lo que hay elementos para los autos.

Indicó que si bien la defensa de Alejandro Contreras Uscanga aportó como elemento de prueba que solicitó al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que eliminara de la lista de proveedores a la empresa de Esquivel Hernández, esto lo hizo posterior a la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares el 20 de julio de este año por dichos delitos.

Dijo que aunque se pondera el principio de presunción de inocencia para los tres imputados, sí se considera que está justificado el señalamiento de probable participación en los hechos que se señalan.

En el caso de Esquivel Hernández, señaló no se le puede exonerar solamente por no ser servidor público, pues “sí prestó ayuda para la realización de este hecho, ya que él fue el beneficiado”.

 

Bermúdez insiste en inocencia

A su salida de la audiencia, Bermúdez Zurita insistió en su inocencia:

“Como les he repetido ya en varias ocasiones, seguiré dando la cara las veces que sea necesario. Estoy en el trámite legal y por supuesto aportando las pruebas que debo aportar para complementar y para defender mi inocencia”, dijo.

Cuestionado sobre una posible impugnación de la resolución, dijo “es todo lo que tengo que decir”.

También se negó a responder si hay más contratos otorgados desde la SSP a sus empresas, luego que la Fiscalía advirtió que se revisarán todos. Bermúdez, como de costumbre, abordó su automóvil Honda y se fue manejando.