El Senado de México aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la crisis de desapariciones en el país, en respuesta al hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Esta reforma modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población, enfocándose en la creación de herramientas tecnológicas y procedimientos más eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas. La propuesta, que ahora se enviará a la Cámara de Diputados, busca fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación con un enfoque interinstitucional y de derechos humanos.
Una de las principales innovaciones es la creación de la Plataforma Única de Identidad, que integrará registros de personas desaparecidas y otros archivos administrativos. La CURP biométrica, que incluirá huellas dactilares y fotografías, permitirá a las autoridades realizar búsquedas en tiempo real y se convertirá en el documento de identificación oficial a nivel nacional.
Sin embargo, la reforma ha enfrentado críticas. La senadora Karla Toledo del PRI cuestionó la implementación de la CURP biométrica, considerándola un mecanismo de vigilancia masiva en lugar de una herramienta efectiva para la búsqueda de desaparecidos. A pesar de las críticas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, instó a la oposición a apoyar la reforma, enfatizando la importancia de brindar esperanza a más de 125 mil familias afectadas por desapariciones.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, apoyó la ley pero advirtió sobre los riesgos asociados a la concentración de datos biométricos, destacando la necesidad de garantizar la custodia segura de la información de 130 millones de mexicanos en un contexto de alta inseguridad.