EL Veto Publicitario
¿Libertad de Expresión?
“No me gaste las palabras, no cambie el significado; mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro, no me ensucie las palabras no les quite su sabor y límpiese bien la boca si dice revolución.” Mario Benedetti Farugia/ Las Palabras.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la primera recomendación en su historia contra el veto publicitario, el catorce de septiembre del 2009.
Quiérase o no, constituye valioso documento no sólo para las comisiones estatales de derechos humanos y medios de comunicación social, sino también para los gobiernos: Federal, Estatales y Municipales.
Las revistas mensuales Contralínea y Fortuna, editadas en la ciudad de México, publicaron investigaciones que involucran a la presidencia de la república y a la paraestatal Petróleos Mexicanos, en irregularidades observadas en los procesos de asignaciones de millonarios contra las indagaciones periodísticas se realizaron por calificado equipo de profesionales del periodismo, de noviembre del 2004 al mes de agosto del 2008.
Uno de los afectados, Jesús Alonso Zaragoza López, presidente del consejo de administración del consorcio de gas licuado de petróleo Grupo Zeta, demandó a los periodistas involucrados en las investigaciones por supuesto daño moral.
Los trabajos de investigación tocaron a ese extraño personaje de la política mexicana conocido por el nombre de Juan Camilo Mouriño Terrazo, entonces secretario de Gobernación y contratista de Pemex.
Esta fue la gota que derramó el agua del vaso medio lleno y medio vacío.
La descentralizada suspendió contratos de publicidad contraídos con el Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S. A. de C. V., representado por el periodista veracruzano Miguel Badillo Cruz, originario de Castillo de Teayo, municipio ubicado en el norte de -la huasteca veracruzana, a escasos cuatro kilómetros de la -petrolera ciudad de Poza Rica.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 57/2009, en la que acredita que «fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de la revista Contralínea».
Dentro de las indagatorias practicadas por el equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentó que Jesús Alonso Zaragoza López, solicitó reparación de daño moral e indemnización, entre otras, por la publicación de una fotografía en la que aparece y los abogados defensores amenazaron promover más de ochenta demandas, una por cada empresa del corporativo Grupo Zeta.
En la misma recomendación aborda el tema referente al veto publicitario, «…lo que constituye una violación a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión».
El uso direccional que hace el Poder Ejecutivo de las partidas presupuéstales destinadas a la publicidad como método de premio o castigo para los medios de comunicación por su línea editorial, acreditó que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a través de Petróleos Mexicanos, vetó a la revista Contralínea como castigo por ventilar supuestos actos irregulares y asuntos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel en su gobierno (incluido el fallecido Juan Camilo Mouriño Terrazo; el hoy presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional (PAN), José César Nava Vázquez y el mismo Felipe Calderón Hinojosa)».
En el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja por la Nacional de Derechos Humanos, detalla que -de acuerdo al informe rendido por el gerente corporativo de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, «fue posible acreditar que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y-no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.
La suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea es consecuencia de su línea editorial, no se genera a partir de impedimento legal, característica específica de la publicación, el perfil de su audiencia, cobertura geográfica, tiraje, circulación, presencia o reducción de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares.
Uno de los puntos vertebrales del expediente Contralínea, radica en que por primera vez en la historia de la defensa de los derechos humanos en el país, se habla de «la falta de regulación en materia de contratación de publicidad del, gobierno federal…”, y por extensión de los estados y municipios.
No existen procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual del 2003, señala el veto publicita rio como una forma de coartar la libertad de expresión.
«El asesinato de periodistas investigadores, el cierre de periódicos por el Estado, expresiones de violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad o la negativa a permitir que salgan al aire ciertos programas de televisión, son todos ejemplos elocuentes de violaciones directas del derecho a la libertad de expresión».
La Nacional de Derechos Humanos, apunta en las conclusiones que Pemex, «deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión.
Derechos Humanos resolvió que Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, «cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos».
EL periodista Miguel Badillo Cruz, director general de las revistas mensuales Contralínea y Fortuna, es autor de la columna política semanal Oficio de Papel y coordinador del libro Morir en la Miseria.
En consecuencia, los tres niveles de la administración pública federal, estatal y municipal, deben regular procedimientos en la contratación de publicidad oficial a medios de comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, en igualdad de oportunidades.
La propuesta es simple: privilegiar la independencia de la crítica constructiva frente a la adulación condicionada.
Bien.
(DR) Columna 33, 2009, México.