La secretaría de Gobernación ha exhibido a los gobernadores de Guerrero (una mujer, de MORENA) y de Veracruz (un hombre y de MORENA).
En ambas entidades federativas, dijo la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos, son los presidentes municipales (de entre un 40 a 45 por ciento) y el crimen organizado (en un 30 por ciento) causantes del mayor número de agresiones… a periodistas y defensores de derechos humanos.
El 25 por ciento restante… lo dejaron en la incógnita. Quizá políticos militantes de otros partidos políticos. Acaso funcionarios públicos estatales. Quizá la delincuencia común. Acaso venganzas personales. Quizá síndicos y regidores.
Caray, los más altos índices de vejaciones y atropellos a reporteros provenientes de los alcaldes y los carteles, cuando, sorpresas que da la vida, creíamos que con Javier Duarte, el exgobernador preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Veracruz había dejado de ser “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.
Cierto, en la yunicidad cinco trabajadores de la información fueron asesinados.
Y ahora, con la 4T hecha gobierno en Veracruz van seis.
Y todavía por delante quedan dos años y 8 meses, aprox.
Entonces, si la secretaría de Gobernación emite su dictamen, hora de “prender las farolas” y “poner las barbas a remojar” en la tierra jarocha para que la Guardia Nacional, los soldados y marinos, la Fuerza Civil y las policías estatales y municipales pudieran, digamos, concentrarse en el pendiente.
Y de paso, estar vigilantes de los alcaldes, sobre todo de quienes con la investidura llegan a creerse caciquitos locales y pueblerinos, “señores de horca y cuchillo”, dueños del destino común, incapaces de soportar el fuego peligrosísimo de las letras y las palabras, más fatídicos que una R-15.
LA REINA DEL INFIERNO
Antes, mucho antes, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, lo advirtió.
El mayor número de abusos y excesos del poder en contra de los trabajadores de la información está en los municipios.
Por eso, la secretaría de Gobernación pule y vuelve a pulir iniciativas de reformas al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso legisle en materia de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos y los presidentes municipales y/ gobiernos locales (síndicos, regidores y funcionarios de los Ayuntamientos) sean corresponsables.
Bien puede tratarse de una reforma más. Y es que, de acuerdo con la ley, los homicidas y funcionarios abusadores son identificables y en contra de quienes únicamente resta aplicar el Estado de Derecho.
Pero, bueno, así lo han dispuesto y ojalá sea con un buen augurio porque en los primeros tres años de AMLO, el presidente, un aproximado de 55 (cincuenta y cinco) periodistas han sido asesinados, en tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 96 (noventa y seis) y cien con Felipe Calderón (La Jornada, marzo 8, 22).
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Defensa de la Segob, reconoció que hay una crisis de los derechos humanos.
El gran pendiente es que vamos en el cuarto año del sexenio obradorista.
Más, cuando, caray, de los 55 reporteros ejecutados únicamente en dos casos los criminales (físicos, se ignora si también los intelectuales) han sido sentenciados, en tanto en el caso de los 98 defensores de derechos humanos ultimados solo en uno… hay sentencia.
En los demás la impunidad es la reina del infierno.
Y la impunidad de norte a sur y de este a oeste de la república amorosa.
Es decir, “en todos lados… se cuecen habas”.
ALCALDES, CORRESPONSABLES
Cada sexenio es, parece ser, la misma cantaleta.
Reporteros asesinados. Activistas sociales asesinados. Líderes sindicales asesinados. Miembros de ONG asesinados. Mujeres y niños, asesinados. Incluso, políticos asesinados.
El legado histórico de cada presidente de la república y cada gobernador es un largo y extenso camposanto y en donde se ha llegado al extremo de las dictaduras militares de América Latina en el siglo pasado con las fosas clandestinas.
Pareciera, entre otras cositas, que los políticos y funcionarios públicos (de todos los niveles) son enemigos de los otros actores sociales, digamos, incómodos e indeseables.
Y, claro, en medio de ellos, los carteles y cartelitos, malandros y malosos, sicarios y pistoleros, aprovechando las circunstancias y multiplicando el terror, el pánico, la angustia y el miedo.
Mientras tanto, quizá convendría, por ejemplo, que los diputados locales y federales se aplicaran con la vigilancia a los alcaldes de sus distritos porque son las autoridades municipales, dice la SEGOB federal, “quienes más agreden a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Incluso, ninguna duda existe de que ya están identificados y hasta con su carpeta de investigación y/o tarjeta informativa encendiendo las farolas para estar vigilantes.
Y es ahí cuando quizá tanto la Comisión de Vigilancia de los Congresos locales como las secretarías de Seguridad Pública y las secretarías Generales de Gobierno han de enviar calambres en forma directa para que sepan y estén conscientes de que seres extraterrestres los tienen en la mira.
Y es que alguna estrategia habrá para evitar o disminuir el tsunami de sangre en el territorio nacional.