AGENCIAS | MÉXICO.- En un video mensaje, Humbelina Elizabeth López Loera sostuvo que en el actual gobierno no serán tapadera de nadie y aplicarán la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar a los servidores públicos que dejaron de hacer su trabajo.
El gobierno del priista Alejandro Tello encubrió a su antecesor, Miguel Alonso Reyes, al archivar 34 carpetas de investigación contra sus funcionarios por el presunto desvío de 100 millones de pesos, mismas que “ya prescribieron”.
Así lo denunció la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la entidad, Humbelina Elizabeth López Loera, al informar de los avances en el análisis, revisión y auditoría realizada a la administración estatal, a petición del gobierno del morenista David Monreal Ávila.
López Loera detalló que las 34 carpetas de investigación fueron abiertas a petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos en el sexenio 2010-2016, del entonces gobernador Miguel Alonso Reyes, recientemente nombrado secretario de operación política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Estas investigaciones fueron sustanciadas, recayendo en la responsabilidad de esta Secretaría efectuar acciones de responsabilidades administrativas; sin embargo, no lo hicieron; dejaron guardados en los cajones estos expedientes, observaciones y omisiones negligentes que ascienden a más de 100 millones de pesos, sólo por citar un ejemplo”, declaró la funcionaria.
En un video mensaje sostuvo que en el actual gobierno no serán tapadera de nadie y aplicarán la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar a los servidores públicos que dejaron de hacer su trabajo.
Sin embargo, “para este caso en concreto, estas carpetas de investigación ya prescribieron. La Secretaría de la Función Pública dejó de hacer su trabajo, que era emitir resoluciones justas para darle certeza y claridad a sociedad zacatecana”, dijo.
La funcionaria estatal refirió que en la transición gubernamental de 2016 encontraron “archivos incompletos, documentos dañados, algunas faltas graves que ameritan que la sociedad las conozca; por decir, las deudas por cobrar que no se informaron”.
Destacó que no sólo se han encontrado con ese tipo de acciones negligentes y corruptas, sino que también detectaron actos de corrupción y mal manejo en el uso de combustible, como “tickets falseados, excesos de combustibles duplicados y triplicados, sólo por citar un ejemplo”.
Además, encontró adquisiciones no apegadas a la normativa y gastos excesivos que en su momento dará a conocer de manera detallada en cuanto los tiempos legales así lo permitan.
“Varios softwares están desaparecidos, incluso uno de ellos el proveedor jamás lo entregó a la institución. Esto da muestra de las cadenas de corrupción y de la falta de rendición de cuentas que los servidores públicos debieron de hacer”, agregó López Loera.
Y sostuvo que desde la SFP abrieron ya las carpetas de investigación, pues “denunciaremos ante las instancias correspondientes todas las faltas graves que se hayan cometido para que se judicialicen (…) no permitiremos impunidad, no permitiremos la corrupción, eso es uno de nuestros compromisos.