Coatzacoalcos, Ver., 11 de septiembre de 2025 — La exigencia de justicia por el feminicidio de Noriko Dallana volvió a tomar fuerza este miércoles, luego de que su madre, Lizzet Ruiz, encarara a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, durante una visita oficial a la clínica 36 del IMSS, el mismo lugar donde fue asesinada la joven enfermera en julio de 2024.
Durante el breve pero emotivo encuentro, Lizzet Ruiz expresó su preocupación por posibles actos de corrupción en el proceso penal que enfrenta a los presuntos feminicidas, al revelarse que ambos acusados comparten al mismo abogado defensor, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad del juicio.
En la audiencia de apertura de juicio celebrada el pasado martes 9 de septiembre, Luis Alfredo N, presunto autor material del crimen, se presentó con el abogado Enrique Rentería Zavaleta, el mismo que representa legalmente a Gregorio N, señalado como autor intelectual y exnovio de Noriko.
Esta situación encendió las alarmas en la familia de la víctima, ya que inicialmente se aseguró que los acusados no tenían vínculo alguno. Sin embargo, versiones recientes apuntan a que Luis Alfredo habría trabajado como albañil para la familia de Gregorio, lo que indicaría una posible relación previa entre ambos.
“Tengo miedo de que se volteen las cosas, los dos tienen el mismo abogado, todavía no están sentenciados y tengo miedo de que volteen las cosas”, expresó Lizzet Ruiz a la mandataria estatal.
La gobernadora Rocío Nahle respondió directamente a la madre de Noriko, asegurándole que intervendrá en el caso y buscando dar un mensaje de respaldo a la víctima:
“No se va a voltear, no tenga miedo. Tienen el mismo abogado, pues sí, son cómplices. Yo me voy a meter”, dijo Nahle durante el encuentro.
Noriko Dallana fue asesinada el 19 de julio de 2024, en las inmediaciones de la clínica 36 del IMSS en Coatzacoalcos, donde laboraba como enfermera. Por el crimen, fueron detenidos:
Luis Alfredo N: presunto autor material del feminicidio.
Gregorio N: acusado de planear y financiar el asesinato.
Ambos enfrentan procesos penales que, según la familia, han estado marcados por retrasos, suspensiones de audiencias y posibles maniobras legales que ponen en riesgo el acceso a la justicia.
El caso de Noriko Dallana ha generado indignación y llamados de justicia por parte de colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanos. Su asesinato, ocurrido en un espacio público y laboral, resaltó la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en espacios donde deberían estar seguras.
La comunidad exige que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y sin interferencias, y que los responsables reciban una sentencia ejemplar.