Ciudad de México.— México fue ubicado como el tercer país con mayor nivel de crimen organizado a nivel mundial, solo detrás de Myanmar y Colombia, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GIATOC).
El estudio advierte sobre la diversificación y consolidación de redes criminales en el país, así como la debilidad institucional frente al crecimiento de los mercados ilícitos. México obtuvo una calificación de 7.68 puntos sobre 10 en criminalidad, superando su registro de 2023 (7.57), y se posicionó como líder global en mercados criminales, con 8.27 puntos.
Entre las actividades ilícitas más graves destacan el tráfico de drogas sintéticas, la extorsión y el tráfico de armas, cada una con 9 puntos. El informe detalla que los principales grupos delictivos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han extendido su influencia hacia nuevas áreas delictivas, incluyendo la trata de personas, la explotación sexual, el huachicol, los delitos ambientales y el cibercrimen.
La trata y tráfico de personas afecta sobre todo a regiones del sur de México, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde poblaciones indígenas y migrantes son las principales víctimas. Además, las rutas migratorias hacia Estados Unidos se han convertido en corredores dominados por organizaciones criminales.
La expansión de bienes falsificados también alimenta la economía criminal, abarcando tabaco, alcohol, medicamentos y ropa. Sitios como Tepito, en la Ciudad de México, y diversos mercados del norte del país se mantienen como centros clave para la distribución de productos ilícitos.
Por su parte, el tráfico de armas representa uno de los mayores desafíos: el informe estima que existen más de 13 millones de armas no registradas en el país, fortaleciendo el poder de fuego de las organizaciones criminales.
Crímenes ambientales y control territorial
Los delitos ambientales ganan peso en el espectro delictivo nacional. Redes criminales controlan la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas —como jaguares y reptiles con destino a Asia—, además de ejercer dominio sobre la minería y el robo de combustibles.
En materia de respuesta del Estado, México obtuvo una resiliencia institucional de 4.50 puntos sobre 10, lo que lo ubica en el puesto 111 de 193 países. Este indicador refleja los límites de la capacidad estatal para frenar el avance de las redes criminales.
El informe también señala corrupción en el sistema judicial, falta de recursos, y presiones políticas como factores que obstaculizan la aplicación de justicia. Asimismo, advierte que la militarización de la seguridad pública y la centralización de tareas en la Guardia Nacional no han revertido la percepción de inseguridad.
El documento subraya la influencia del crimen organizado en distintos niveles de gobierno, destacando el control de prisiones por parte de cárteles y los sobornos sistemáticos en el sistema penitenciario como uno de los principales desafíos para las autoridades mexicanas.
Con estos resultados, México se consolida como uno de los países más afectados por la violencia estructural y la impunidad, un escenario donde el crimen organizado continúa infiltrando las instituciones, la economía y la vida cotidiana.