Amatlán de los Reyes, Ver. — La muerte de José Roberto Ramírez Rodríguez, interno del Centro de Reinserción Social (CeReSo) de La Toma, ha generado fuertes señalamientos sobre presuntas extorsiones, maltratos y actos de corrupción al interior del penal, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
De acuerdo con información oficial, el fallecimiento fue reportado la tarde del lunes 20 de octubre, cuando compañeros del interno notaron que no respondía. Custodios confirmaron que ya no presentaba signos vitales y notificaron a la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos peritos acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.
El cadáver de Ramírez Rodríguez fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia que determine las causas de su muerte. Sin embargo, dentro del penal comenzaron a circular versiones que apuntan a presuntos abusos físicos y psicológicos antes de su deceso.
Testimonios de Personas Privadas de la Libertad (PPL) aseguran que el interno habría permanecido alrededor de 20 días en la denominada “estancia 19”, un área de castigo en la que presuntamente fue golpeado, desnudado y aislado, tras negarse a pagar las cuotas impuestas por mandos penitenciarios. Los señalamientos señalan al comandante de custodios Rafael Oliva, quien supuestamente instauró un sistema de “cobros” o “derecho de piso” dentro del penal.
Tras conocerse el caso, varios internos solicitaron la intervención del director general de Reinserción Social, Alfredo López, y de la jefa de Reinserción Social, Graciela Contreras Rivas, para investigar los presuntos abusos cometidos por personal de seguridad. Por su parte, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación interna, además de las diligencias ministeriales encabezadas por la Fiscalía Regional.
La muerte de Ramírez Rodríguez se suma a otros episodios de violencia registrados en el penal de La Toma, donde en agosto de 2025 fue asesinado su entonces director, René Vergara Zárate. Asimismo, operativos recientes de la Secretaría de Marina han detectado armas y artículos prohibidos al interior del reclusorio.
El caso ha generado indignación entre los familiares de los reclusos, quienes exigen justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos. Organizaciones civiles han solicitado a las autoridades estatales garantizar la integridad de los internos y frenar los presuntos actos de corrupción dentro del sistema penitenciario veracruzano.
Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahlé García fue cuestionada recientemente por periodistas sobre las denuncias de extorsión en los penales del estado; la mandataria respondió que “desconocía” la situación, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores sociales que reclaman una investigación a fondo y responsabilidades claras en torno a las muertes y abusos dentro de los centros de reclusión de Veracruz.