Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente a los siete integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada con el objetivo de promover un amplio debate público en torno a posibles modificaciones al sistema electoral del país.
El órgano estará presidido por Pablo Gómez, designado directamente por la mandataria, e incluirá a funcionarios clave como Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores; y Arturo Zaldívar, al frente de la Coordinación General de Política y Gobierno.
Objetivos y tareas principales
La comisión, con carácter transitorio, fue establecida mediante un decreto presidencial y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Su misión será:
Convocar a la ciudadanía a participar activamente con opiniones, críticas y propuestas sobre una posible reforma electoral.
Realizar estudios y análisis técnicos que sustenten modificaciones al marco electoral.
Formar grupos de trabajo especializados para cumplir con sus fines.
Elaborar un reglamento interno que regule su funcionamiento.
Fundamentación del decreto
Según el documento firmado por Sheinbaum, la reforma electoral es parte de una transformación más amplia en el país que ha implicado cambios en el Poder Judicial y en la estructura del gasto público. Sin embargo, el marco legal electoral, los métodos de votación y las reglas para partidos y autoridades electorales han permanecido sin cambios, lo que, a juicio del Ejecutivo, no refleja la nueva realidad política nacional.
La presidenta subraya que la democratización debe continuar profundizándose mediante el respeto al voto libre, la inclusión ciudadana y la apertura al debate público, elementos centrales de este nuevo esfuerzo reformista.
Transparencia y participación
El decreto establece que la Comisión actuará bajo principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Además, podrá invitar a instituciones públicas, académicos, organismos autónomos y sociedad civil, quienes participarán con voz, pero sin voto.
La instalación formal del grupo deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, con recursos provenientes del presupuesto autorizado a las dependencias involucradas.