El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide acceder a cargos públicos a personas que hayan sido sancionadas por violencia de género, estén inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o cuenten con una sentencia firme por delitos relacionados con violencia contra las mujeres.
La modificación, respaldada con 39 votos, responde a la armonización legislativa con la Constitución Federal tras la implementación de la iniciativa conocida como “3 de 3 contra la violencia”, y fue impulsada por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dorheny García Cayetano, Astrid Sánchez Moguel y Montserrat Ortega Ruiz.
Durante el análisis legislativo, se destacó que esta medida busca frenar el acceso al poder a personas que han incumplido obligaciones alimentarias, lo que constituye una forma de violencia económica que afecta principalmente a mujeres y niñas. También se enfoca en combatir la impunidad en casos de violencia de género, al establecer restricciones claras para quienes pretendan ocupar un cargo, empleo o comisión dentro del servicio público.
La diputada Dorheny García Cayetano, de Morena, subrayó que con esta reforma se cierra un vacío legal que hasta ahora permitía que agresores o deudores alimentarios participaran en procesos electorales y accedieran a posiciones de autoridad. “El servicio público no puede ser refugio de violentadores ni de quienes abandonan a sus hijas e hijos”, declaró.
Por su parte, la legisladora Tania María Cruz Mejía, del Partido Verde, señaló que esta medida envía un mensaje contundente de respaldo a la niñez y a las mujeres, garantizando que quienes hayan ejercido violencia no puedan tomar decisiones desde el poder.
Desde el Partido del Trabajo, la diputada Elizabeth Morales García celebró la aprobación como un avance justo y necesario para construir una función pública ética, afirmando que en Veracruz “no puede representar al pueblo quien ha fallado en lo más elemental: su responsabilidad con su familia y con las mujeres”.
Finalmente, el legislador Héctor Yunes Landa, del grupo mixto “Veracruz Nos Une”, respaldó la reforma como una respuesta ética y legal a la impunidad estructural, al cerrar la puerta del poder a quienes han violentado derechos fundamentales.